Desde hace más de tres décadas, las cárceles colombianas están sumergidas en una crisis estructural que vulenra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad de manera rutinaria. Las condiciones de hacinamiento generalizado, la deficiencia de los servicios de alimentación y salud, la persistencia de fenómenos de tortura, la falta de implementación del enfoque diferencial en materia de género, discapacidad, étnicos, entre otros, hacen de las cárceles colombianas – y más recientemente, también los centros de detención transitoria (estaciones de policía y unidades de reacción inmediata – URIs) – espacios que violan de manera generalizada la dignidad humana.

Esta situación, que ha persistido durante gran parte de la vigencia de la Constitución de 1991, se ha agravado por la reticencia del Estado para enfrentar los problemas estructurales del sistema penal y del sistema penitenciario y carcelario.